La cultura del miedo

La cultura del miedo

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Este ensayo es la introducción de "Colombia: La Democracia Genocida", volumen de 125 páginas, escrito por Javier Giraldo S. J., en 1996. Dos hechos debieran resonar en la conciencia de los estadounidenses, en su lectura de la documentación del Padre Giraldo, acerca del reino de terror en el que se vio sumida Colombia durante la "Guerra Sucia" perpetrada por las fuerzas de seguridad del estado y sus paramilitares asociados, desde principios de los años 80. El primero es que la "Democra-tadura" de Colombia, como Eduardo Galeano denomina el actual laberinto de formas democráticas y terror totalitario, ha pasado a encabezar el índice de vulneración de los derechos humanos en todo el hemisferio, en los últimos años, lo cual es sin duda toda una proeza, vista la competencia. El segundo es que Colombia ha contado para sus crímenes con ciertos cómplices, de entre los cuales, el gobierno de EE.UU. se lleva la palma, si bien, Gran Bretaña, Israel, Alemania y demás han colaborado en el adiestramiento y el aprovisionamiento de armas a los asesinos y torturadores que forman la red de terratenientes narco-militares que gestiona la "estabilidad" de un país rico en promesas, que se tornan en pesadilla para mucha gente. En julio de 1989, el Departamento de Estado de EE.UU.A. anunciaba sus planes de subvencionar la venta de armamento militar a Colombia con supuestos "fines contra el narcotráfico". La venta se "justificaba" en el hecho de que "Colombia cuenta con una forma de gobierno democrático que no presenta indicios permanentes de violación de derechos humanos reconocidos universalmente.

Unos meses antes, la Comisión de Justicia y Paz, presidida por el Padre Giraldo, hacía público un informe documentando las atrocidades cometidas en el primer semestre de 1988, que incluían 3000 asesinatos de carácter político y 273 campañas de "aniquilación social". El peaje humano era de ocho asesinatos políticos al día, de los cuales siete personas eran asesinadas en sus propios hogares o en plena calle y una desaparecía. En su alusión a este informe, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) añadía que "la gran mayoría de los desaparecidos en los últimos años son organizadores de base social, campesinos y dirigentes sindicales, militantes de izquierda y activistas pro derechos humanos y demás actores sociales", un total de más de 1.500 personas, en el momento en el que el Departamento de Estado elogiaba a voces la democracia Colombiana y su consideración por los derechos humanos. Durante la campaña electoral de 1988, 19 de los 87 candidatos a alcalde del único partido político independiente, el UP, fueron asesinados, junto con más de 100 del resto de sus candidatos. La Organización Central de Trabajadores, coalición de sindicatos instituida en 1986, había perdido ya a más de 230 de sus miembros afiliados, quienes aparecían muertos tras haber sido salvajemente torturados. Pero el "sistema de gobierno democrático" colombiano salía airoso, sin tacha ni "indicios consistentes de graves violaciones" de derechos humanos. Para cuando el Departamento de Estado de los EEUUA publicara su informe, los tan encomiables métodos, según el informe, se llevaban a la práctica con extraordinaria eficacia. El índice de asesinatos políticos entre 1988 y 1989 ascendía a 11 personas al día, según un informe de la sucursal colombiana de la Comisión de Juristas Andinos. Entre 1988 y principios de 1992, 9.500 personas resultaban asesinadas por motivos políticos, 830 personas desaparecían y se perpetraban 313 matanzas (1988-1990) de campesinos y gente humilde.

A lo largo de todos estos años las principales víctimas del terrorismo de estado han sido, cómo no, los campesinos. En 1988 las organizaciones sociales de uno de sus departamentos sureños denunciaban una "campaña de aniquilación total y tierra quemada, al estilo Vietnam," llevada a cabo del modo más vil por las fuerzas del ejército, "aniquilando a hombres, mujeres, ancianos y niños. Hogares y cosechas eran arrasadas y los campesinos eran expulsados de sus propias tierras." También fue en 1998 cuando el gobierno de Colombia estableciera un nuevo régimen judicial llamando a la "guerra sin cuartel al enemigo interno," autorizando la "máxima criminalización de toda suerte de oposición social y política," según un informe Europeo - Latino Americano presentado en Bruselas, en el que se examinaba la "consolidación del terrorismo de estado en Colombia". Cuando se hizo público el informe del Departamento de. Estado Norteamericano, un año después de estos sucesos, el Ministro de Defensa colombiano reincidía en la doctrina de la "guerra sin cuartel" desde todos los poderes del estado "en el ámbito político, económico y social". La Guerrilla era el objetivo oficial, pero como ya observara un alto mando militar en 1987, sus organizaciones eran de escasa importancia: "el peligro real," explicaba, es "lo que los insurgentes han venido a denominar la "guerra política y psicológica," sus esfuerzos por "controlar a los agentes sociales" y la "manipulación de masas". Los "rebeldes" buscan influencia en los sindicatos, las universidades, los medios de comunicación y un largo etcétera, y el gobierno debe atajar esta "guerra" con su propia "guerra sin cuartel en el ámbito político, económico y social." Vista la doctrina y la práctica, el estudio de Bruselas concluye, con los pies en el suelo, que el "enemigo interno" del aparato terrorista del gobierno se extiende a "organizaciones laborales, movimientos populares, organizaciones colectivas indígenas, partidos políticos de oposición, organizaciones agrarias, sectores intelectuales, corrientes religiosas, colectivos de jóvenes y estudiantes, comunidades de vecinos," de hecho, cualquier sector o colectivo susceptible de verse indeseablemente influenciado. "Todo individuo que, de una u otra forma, comulgue con los objetivos del enemigo debe ser considerado un traidor y tratado como tal," según un manual militar colombiano. El manual data de 1963. Por aquel entonces, la violencia en Colombia se veía "exacerbada por factores externos", escribía el Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos colombiana y antiguo Ministro de Asuntos Exteriores, Alfredo Vásquez Carrizosa, unos años atrás, en un repaso de sus consecuencias. "Durante el mandato de Kennedy," continuaba, Washington " se las ingenió para transformar nuestros ejércitos regulares en brigadas de contrainsugencia, integrando la nueva táctica de los escuadrones de la muerte." Estas iniciativas "indujeron a lo que actualmente se conoce en América Latina como la "doctrina de la Seguridad Nacional,... no un sistema de defensa contra el enemigo externo, sino el medio de hacer de la institución militar amo y señor de la jugada... [con] derecho a actuar contra el enemigo interno, doctrina introducida por Brasil y adoptada en Colombia: es el derecho de maniobra y aniquilación de los agentes sociales, miembros de sindicatos, hombres y mujeres que no apoyan el sistema y son, por tanto, extremistas comunistas." La "Guerra Sucia" se potenció a principios de los años 80 -- no sólo en Colombia -- conforme la administración Reagan fue extendiendo sus programas por toda la región, dejándola devastada y repleta de cientos de miles de cadáveres de personas torturadas y mutiladas, que cabe no apoyaran lo suficiente al sistema o, incluso, estuvieran bajo la influencia de los "subversivos." Los norteamericanos no debieran permitirse el lujo de olvidar los orígenes de la doctrina de Brasil, la de Argentina, la de Uruguay, la de Colombia," y algunas otras. Fueron diseñadas y aplicadas por alumnos adiestrados y equipados aquí mismo. Las nociones básicas provienen de los manuales norteamericanos de contrainsurgencia y "conflictos de baja intensidad".

Estos tecnicismos son simples eufemismos del terrorismo de estado, práctica ampliamente extendida en América Latina. Cuando el Arzobispo Oscar Romero se dirigió por escrito al Presidente Carter en 1980, poco antes de su asesinato, pidiéndole en vano que pusiera fin al apoyo de E.U.A. los estados terroristas, éste comunicaba al rector de la Universidad Jesuita, Padre Ignacio Ellacuria, que se veía atado al "nuevo concepto de estrategia de guerra especial, la cual consistía en la supresión de cualquier intento de organización popular bajo acusación de Comunismo o terrorismo..." De modo que el Padre Ellacuria informaba, poco antes de ser asesinado por la misma mano negra, una década más tarde, que los hechos revestían la década asesina de un simbolismo tan espeluznante como eficaz.

"Estos agentes terroristas del estado reciben adiestramiento de EE.UU. para garantizar su debida asimilación y orientación para con los objetivos norteamericanos", comunicaba el Secretario de Defensa Robert McNamara al Asesor del Consejo de Seguridad Nacional, McGeorge Bundy en 1965. Este es un asunto de particular relevancia "en el ámbito cultural de la América Latina, donde se reconoce al ejército el poder de destituir a los gobernantes de sus cargos, si, a juicio de los militares, su conducta es injuriosa para con el bienestar de la nación. Es derecho del ejército, y de aquellos que se encargan de proporcionarle la debida orientación, el privilegio de determinar el bienestar de la nación, y no de las bestias de carga que duramente trabajan, sufren y mueren en sus propias tierras.

Cuando el Departamento de Estado hizo público el envío de una nueva remesa de armamento como recompensa a los logros de Colombia en el terreno de los derechos humanos y la democracia, sin duda tenía acceso al historial de atrocidades recopilado por la principal organización pro Derechos Humanos en Colombia. Tenía pleno conocimiento del papel de los EE.UU. en la implantación y el respaldo de un régimen de terror y opresión. El ejemplo, desgraciadamente, sigue un típico patrón que apenas varía, además de ser perfectamente verificable. Conforme la "Guerra Sucia" de la década de 1980 fue alcanzando su cada vez más fatídico peaje en vidas humanas, los EE.UU.A. fueron estrechando su colaboración. Entre 1984 y 1992, 6.844 soldados del ejército colombiano eran adiestrados bajo el auspicio del Programa Internacional de Adiestramiento Militar estadounidense. Más de 2.000 colombianos eran adiestrados entre 1990 y 1992, periodo en el que la violencia alcanzaba niveles sin precedentes", bajo la presidencia de César Gaviria, según informes de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos de Washington, corroborando las conclusiones de diversos observatorios internacionales pro Derechos Humanos. El presidente Gaviria era un predilecto de Washington tan admirado que la administración Clinton lo impuso como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, en un juego de poder que suscitó gran resentimiento. " [Gaviria] Ha mostrado una gran visión de futuro en la creación de instituciones democráticas en un país en el que, en ocasiones, resulta peligroso hacerlo," manifestaba un representante de OAS -- sin ahondar, no obstante, en la causalidad del "peligro". El programa de adiestramiento dirigido a los oficiales del ejército colombiano es el más importante de todo el hemisferio, y la ayuda militar que proporciona EE.UU. a Colombia actualmente constituye la mitad del total destinado al hemisferio. Y se ha incrementado con Clinton, según un informe de Human Rights Watch, que añade que planeaba incrementar su capacidad de emergencia de endeudamiento ante la eventualidad de que el Pentágono pudiera resultar insuficiente dada la necesidad de incremento. La tapadera oficial para la colaboración en el delito es "la guerra contra los grupos insurgentes y los narcotraficantes". En su informe de nuevas ventas de armamento de 1989, el Departamento de Estado se basaba en sus propios informes sobre los Derechos Humanos, en los el monopolio de la violencia se atribuía a los grupos insurgentes y a los narcotraficantes. Así es como EE.UU. "justificaba" su suministro de equipamiento y adiestramiento militar a los torturadores y exterminadores de masas. Un mes más tarde, George Bush anunciaba el mayor envío de armamento jamás autorizado, en virtud de las disposiciones de emergencia contempladas en la Ley de Ayuda Internacional. El destinatario de las armas, no obstante, no era la Policía Nacional, actual responsable de la práctica totalidad de las operaciones contra el narcotráfico, sino el ejército. Los helicópteros y los aviones de transporte, como ya se apuntara en el momento, son inútiles en la guerra contra las drogas, aunque, no para otras finalidades. Los grupos pro Derechos Humanos puntualmente informaban del bombardeo de aldeas y demás barbaries. Resulta insólito también que Washington no estuviera al corriente de que las fuerzas de seguridad a las que apoyaba estuvieran estrechamente implicadas en operaciones de narcotráfico, y, textualmente, como claramente reconocen sus líderes, el objetivo fuera el "enemigo interno", susceptible de apoyar o, de una u otra forma, dejarse influir por los "subversivos".

En una conferencia sobre el terrorismo de estado organizada por los Jesuitas en El Salvador y celebrada en enero de 1994, se advertía de a la "pertinencia de investigar... el peso que la cultura del terror ha tenido en la domesticación de las expectativas de la mayoría con respecto a alternativas que no fueran las de los poderosos." Este es el punto crucial, cuando tales métodos se emplean para subyugar al "enemigo interno." La física israelí Ruchma Marton, quien forma parte de la vanguardia en la investigación de los métodos de tortura empleados por las fuerzas de seguridad de su propio país, apunta a que, dado que las confesiones obtenidas bajo tortura carecen de valor, el verdadero propósito de la tortura no es la confesión, sino que es más bien el silencio, "el silencio inducido por el miedo." "El miedo es contagioso," proseguía, "y se extiende a los demás miembros del grupo oprimido, silenciándolos, paralizándolos. La inducción al silencio mediante el suplicio es el verdadero objetivo de la tortura, en su sentido más profundo y fundamental." Lo mismo atañe a todos los demás aspectos de las doctrinas que han sido urdidas y aplicadas, con o sin orientación y apoyo, a base de una serie de procedimientos fraudulentos. La imposición del silencio del enemigo interno es vital en las democracia-duras que la política de Estados Unidos de América pretende imponer en sus dominios, desde que "asumiera, en base a sus propios intereses, la responsabilidad del bienestar del sistema capitalista mundial", según profería el diplomático e ilustre historiador de la CIA Gerald Haines, en un debate sobre la invasión norteamericana de Brasil en 1945 -- e incluso antes, lo cual habría de tener también importante repercusión interna. Es vital imponer el silencio, máxime, en la región donde se dan las mayores desigualdades del mundo, gracias, en gran medida, a las políticas de la superpotencia que prácticamente la controla. Es necesario imponer el silencio y hacer que cunda el pánico en países como Colombia, donde el selecto 3% de la elite posee más del 70% de la tierra cultivable, mientras el 57% de los campesinos más pobres subsisten con el 3% --, en un país donde el 40% de la población vive en la "más extrema pobreza", incapacitado para cubrir sus necesidades de subsistencia más básicas, a tenor de un informe oficial del gobierno de 1986, y el 18% de sus gentes vive en la "absoluta miseria" sin posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas de nutrición. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar calcula que cuatro millones y medio de niños menores de 14 años, la mitad de los niños del país, son pasto del hambre. Recordemos que se trata de un país de enorme potencial y recursos, que cuenta con "una de las economías más saludables y florecientes de América Latina," según aseguraba el experto en la materia, John Martz, en Current History, loando este triunfo del capitalismo en una sociedad con "estructuras democráticas", que, al margen de sus inevitables defectos, figura entre los más consolidados del continente," modelo de "una bien instituida estabilidad política" --, conclusiones que no resultarían desacertadas, si no fuera por el sentido que se les pretende dar.

Los efectos del adiestramiento y la venta de armamento de EE.UU. no se limitan a Colombia. El historial de los horrores está plagado. En el diario Jesuita América, el Reverendo Daniel Santiago, sacerdote radicado en El Salvador, informaba en 1990 de la historia de una campesina que, un día, al llegar a casa, se encontró a su madre, hermana y tres hijos sentados alrededor de una mesa, en la que sus cabezas seccionadas yacían frente a sus mutilados cuerpos y sus manos colocadas sobre sus propias cabezas, "cual si estuvieran dándose palmaditas." A los asesinos de la Guardia Nacional Salvadoreña les había resultado difícil conseguir que las manos del bebe de 18 meses se mantuvieran en su sitio, de modo que las habían clavado en su cabeza. Un enrome cuenco de plástico repleto de sangre presidía el centro de la mesa. Dos años antes, el grupo salvadoreño pro Derechos Humanos, que se mantenía al pié del cañón pese al asesinato de sus fundadores y directores informaba de la aparición de 13 cadáveres en las dos semanas siguientes, de los que la mayoría presentaba signos de tortura y entre las que se hallaban dos mujeres que habían sido colgadas del pelo a un árbol, siéndoles seccionados sus pechos, y sus rostros pintados de rojo. Los hallazgos son el pan de cada día, pero el momento resultaba significativo puesto que Washington se hallaba a punto de concluir con éxito la cínica exención de sus criminales clientes de los términos de los acuerdos de paz de Centro América, proclamando la "justicia, la libertad y la democracia" imperante, "el respeto por los derechos humanos," y las garantías de "integridad e inviolabilidad de toda forma de vida y libertad." El historial es interminable e interminablemente asolador. Tan macabras escenas, raramente reflejadas en la prensa convencional de los EE.UU., están diseñadas para la intimidación. Más adelante Santiago describe que "los escuadrones de la muerte no sólo asesinan a la gente -- la decapitan y luego los empalan en altas estacas que luego utilizan para ornamentar el panorama. La Guardia del Tesoro Salvadoreño no se contenta con destripar a los hombres, sino que tiene que seccionar sus genitales y rellenar con ellos sus bocas. La Guardia Nacional no sólo viola a las mujeres salvadoreñas, sino que les extrae sus úteros y los utiliza para cubrir sus rostros. No les es suficiente con asesinar a los niños, los arrastran sobre alambre espinoso hasta que se les desprende la carne de sus huesos, mientras sus padres son obligados a presenciarlo. La estética del terror en El Salvador es religiosa. El propósito es asegurarse de que el individuo quede totalmente subordinado a los intereses de la Madre Patria, razón por la que, en ocasiones, los escuadrones de la muerte son denominados por el partido gobernante, ARENA, "Ejércitos de Salvación Nacional". Lo mismo ocurre en la vecina Guatemala. En la tradicional "cultura del miedo", el experto en asuntos latinoamericanos Piero Gleijeses escribía, "la paz y el orden se garantizaban mediante una feroz represión, y, sus coetáneos, siguen el mismo curso: "Al igual que a los indios se les tildó de bestias salvajes para justificar su explotación, también los grupos sociales son tachados de terroristas, traficantes de drogas o como quiera que sea el término artístico actual. La razón fundamental, no obstante, sigue siendo la misma: las bestias salvajes pueden caer bajo la influencia de los "subversivos" que cuestionan el régimen de injusticia, opresión y terror, que debe reinar al servicio de los intereses de los inversores extranjeros y de los privilegios nacionales.

Durante estos espeluznantes años, no ha habido nada tan inspirador como el coraje y la dedicación de todos aquellos que han luchado por superar la cultura del miedo en sus atormentados países. En el camino han caído abatidas las voces de las víctimas silenciadas por el poderoso -- un crimen tras otro. Pero han recogido el testigo de la lucha y la excelente labor del Padre Giraldo, cuyas elocuentes palabras no sólo debieran servirnos de aliento, sino de fuerza de inspiración para actuar y poner fin a estos actos de terror en la medida de lo posible. Su testimonio aquí constituye una "urgente petición". Debiera hallar una respuesta, pero no ha de quedar sólo en eso, porque nuestras responsabilidades van mucho más allá. El destino de los colombianos y de mucha otra gente depende de nuestra disposición y capacidad para reconocer y atajar este tipo de actuaciones.