EL ESTADO SOBRE LA POLICIA -- EL PODER POLICIAL

PRIMERO HAY QUE ENTENDER PORQUE UNA POLICIA ES REPRESIVA, HASTA EL MOMENTO QUE LE INTERESA AL GOBIERNO, SIEMPRE POR POLITICA, SE HACE REGRESIVA: LA POLICIA AYUDA AL PUEBLO, LA POLICIA DEFIENDE NUESTROS INTERESES, Y BULOS QUE LA GENTE QUIERE ENTENDER, O NECESITA, SOLO POR PODER POLITICO, HASTA QUE EL PUEBLO, DEJA DE APOYAR LOS PODERES FALICOS DEL GOBIERNO, Y ESA MISMA POLICIA QUE AYUDABA, HASTA QUITADA DE LOS LIBROS, BOLETINES ESTATALES, PASA A PODER POLICIAL, O REPRESIVA, CAMBIANDO DE FUNCION, SEGUN LAS NECESIDADES DEL PODER; LLEGANDO AL PUNTO CRITICO DE ESTE ESTAMENTO FUNCIONARISTA: LIBERTAD, O AUTORIDAD

EL “PODER DE POLICÍA”

. Poder o función. Autoridad o libertad

La doble noción de “policía” o “poder de policía” fue una de las más empleadas y la

que más se prestaba a abusos por los equívocos a que dió lugar, confundiendo una

frase ambigua con el sustento normativo para limitar derechos individuales. En

la actualidad, las obras generales ya no traen un cap. sobre el tema,

o se sustituye el término en obras puntuales

o generales.

A veces lo mantienen, coincidiendo en la crítica, aclarando que no se

trata de una construcción jurídica.

Otros autores mencionan la posibilidad de

eliminarla, pero dudan si llegó el momento.

La tónica general, en Europa al

menos, es la que en su momento hemos adoptado.

En ese capítulo el derecho

administrativo repite la tónica de abuso semántico del lenguaje en favor del poder

de turno, que ya denunciáramos.

Pero el tema reaparece siempre bajo nuevos

vocablos, nuevos capítulos, nuevas cabezas de Hidra: necesidad y urgencia,

delegación legislativa, etc. Es la eterna lucha contra el poder incondicionado que

deben librar los que pretenden vivir en un estado democrático de derecho.

El aditamento de “Poder” es inexacto: el poder estatal es uno sólo. La llamada

división de “poderes” consiste en una división de “funciones” (legislativa, administrativa, jurisdiccional) y de órganos (legislativo, administrativo y jurisdiccional.)

La policía o el “poder de policía” no son órganos del Estado, sino una parte de

alguna de las funciones mencionadas.

Esta cuestión semántica tiene implicancias políticas e ideológicas. Desde un punto de vista político, hablar de policía o

poder de policía es tomar como punto de partida el poder del Estado sobre los

individuos. Tal como veremos en muchos casos,

ese punto de partida ideológico lleva a error, que en esencia sostiene que porque el Estado detentaba

el poder, tenía además derecho,

en los caso. Sin embargo, el Estado tiene el poder

pero no  el derecho.

También se ha utilizado la fraseología para confundir el ámbito expreso de la

legislación del de la reglamentación, pretendiendo que la administración pueda

ejercer facultades legislativas represivas.

El derecho norteamericano

que mucho ha sido utilizado para invocar el

“police power” prefiere hoy en día referirse simplemente a la regulación (“regulation”) o también “rulemaking” para designar la emisión administrativa de normas, diferenciándola de la específica legislación (“legislation”) producida por una

legislatura representativa.

Luego de haber el país ratificado por ley la Convención Americana de Derechos

Humanos, ella lo compromete interna e internacionalmente a respetar una serie

de garantías individuales. Al haber incluido las convenciones de derechos humanos en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, no pueden sus juristas partir

 “Un «derecho» legitimador del poder absoluto,”  “El lenguaje del poder

incondicionado,” , “La búsqueda del poder incondicionado.”

Deben partir de las

libertades públicas y derechos individuales, es el derecho positivo vigente. Lo mismo

se aplica a las inversiones extranjeras, que tienen un sistema de revisión arbitral

internacional para la tutela de esos derechos de carácter económico.

Deben pues, si explican el sistema jurídico de nuestro país, partir de los derechos de los individuos, que son la base del sistema democrático de gobierno.

Podrá haber limitaciones a tales derechos y las habrá, sin duda, pero el que explica y analiza el sistema jurídico administrativo no puede partir de la limitación,

para entrar después inevitablemente a las limitaciones de las limitaciones.

Cabe partir del derecho que se ejerce y en su caso señalar hasta dónde se lo

puede ejercer, no existe otra metodología posible en un estado democrático de

derecho. Ya hasta los programas de enseñanza de la Facultad tienen una materia

dedicada a la enseñanza de los derechos humanos, donde tanto se explican los

derechos como sus limitaciones, pero siempre partiendo de los derechos y libertades.

¿Cómo hacer lo contrario en derecho administrativo? El derecho constitucional

también enseña, en su parte dogmática, los derechos individuales y sus limitaciones. ¿Qué tiene que hacer el derecho administrativo, a contramano de los demás

derechos, teorizando a partir de las limitaciones?

Solamente puede hacerlo si se define al derecho administrativo como el derecho

de la administración y no el de los administrados, si se piensa que la administración

necesita más poder y los individuos menos, si se cree que el fundamento del sistema

constitucional es ese, si se olvida que estamos sometidos a un orden

jurídico internacional de los derechos humanos.

Es un contrasentido explicarles en primer año a los alumnos cuáles son sus

derechos y limitaciones, reiterarlo luego en derecho constitucional y dar una

volteface o contramarcha en el derecho administrativo, elaborando toda una “teoría”

dedicada exclusivamente a las limitaciones a tales derechos.